Pedro Vizcay/DIARIO DE LEÓN

En plena campaña electoral, el día uno de marzo, se ha convocado una manifestación en Madrid que pretende ser multitudinaria para presionar al gobierno en el sentido de modificar la normativa que se aplica a la conservación del medio natural. La manifestación está convocada por varios colectivos entre los que destacan la Real Federación Española de Caza, la Federación Española de galgos, de Tiro Olímpico, la Asociación de Jóvenes Agricultores Asaja o la Asociación Española de Armerías, e invitan a cuantos quieran unirse a la protesta.

En toda España la cifra de cazadores supera el millón de personas y hay más de 30.000 cotos de caza. Desde un aspecto económico, unidos el negocio de las armas de caza y de la munición, la industria hotelera destinada a esta actividad, los empleos directos en guardería o el dinero destinado a los arrendamientos de cotos, y sin contar otras cuestiones como prendas de vestir y accesorios, etcétera, la cifra podría superar los 2500 millones de euros.

La manifestación pretende dar una respuesta de fuerza ante las nuevas leyes de Patrimonio Natural y Biodiversidad y Desarrollo sostenible en el Medio Rural promovidas por la ministra Cristina Narbona. El Ministerio de Medio Ambiente se defiende afirmando que estas leyes no sólo no van en contra de la caza, sino que promueven la sostenibilidad de las actividades cinegéticas. Lo cierto es que muchos de los diez puntos que aparecen en el manifiesto de los convocantes no serían responsabilidad del Gobierno sino de las comunidades que tienen la gestión de la Caza transferida en su totalidad.

Un ejemplo muy claro lo tenemos en el uso del plomo en la munición. Resulta que la FACE, Federación de la Asociaciones de Caza y Conservación de la Fauna Silvestre de la UE, firmó un acuerdo para eliminar el perdigón de plomo de forma gradual en los humedales. La obligatoriedad llegará en el año 2009 pero algunos países como Austria, Alemania, Finlandia, Reino Unido Francia o Hungría ya la aplican. En otros como Dinamarca u Holanda la extienden a todo el territorio. La Ley española la aplicará a todos los humedales de la Red Natura 2000 pero algunas autonomías, como Madrid, ya la aplican en sus humedales.

Otros puntos como los recortes de la Media Veda o de la caza de las aves migratorias son competencia exclusiva de las comunidades autónomas. El gran problema es que en España existen 17 Leyes de Caza diferentes, 17 licencias y 17 órdenes de veda, pero y salvo que se anule el actual modelo autonómico, esto no tiene solución.